Propuesta de la ANEF al Supremo Gobierno para un proyecto de ley de desafiliación de las AFP de funcionarios públicos (Santiago, agosto de 2000)

La previsión: "Una bomba de tiempo”

"Casi la mitad de los trabajadores incorporados al sistema no alcanzará a generar ni siquiera la pensión mínima, dados sus ingresos y la discontinuidad de los aportes. Esto es: «una bomba de tiempo tanto para las familias como para las finanzas", señala el Presidente Ricardo Lagos en su libro 'MI IDEA DE PAIS". Del mismo modo, el Presidente de la República en su visita histórica a la ANEF, demostró estar muy consciente de la situación que hoy, están viviendo miles de trabajadores del Estado que cotizan en el sistema de las AFP, al manifestar que "el Sistema Previsional está haciendo crisis y va a hacer crisis si no somos capaces de abordarlo en su integridad y que los funcionarios públicos no van a jubilar, porque la diferencia entre cuando uno es activo y pasa a ser pasivo es demasiado grande".

El Presidente sabe que este es un tema extremadamente complicado al decir que, 'un 50% de las personas que están cotizando en AFP, sea porque tienen remuneraciones bajas, sea porque tienen lagunas provisionales, tendrían, eventualmente, pensiones de jubilación inferior a la mínima ($ 68.000) y el Estado deberá pagar la diferencia".

Lo anterior, demuestra claramente que si no se hace una profunda reforma al Sistema Previsional, el aumento de la pobreza, la iniquidad social y la desigualdad, harán explotar esta bomba de tiempo.

Los trabajadores en forma individual y en conjunto, también debemos estar conscientes de la responsabilidad que nos cabe en este asunto y participar activamente en la defensa de nuestra propuesta, para resolver prontamente este grave problema. La ANEF convoca a una participación activa y no ser simples espectadores, necesitamos dejar la huella en el camino difícil que hoy transitamos, no hacerlo es en cierto sentido no existir.

I. Introducción

El 13 de noviembre de 1980, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley No 3.500, que creó un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia, derivado de la capitalización individual, más conocido como el Sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las A. F. P.

Durante casi veinte años dicho Sistema, por diversas razones, algunas de las cuales serán explicitadas más adelante, ha imperado sin grandes cuestionamientos, salvo aislados intentos por desnudar sus intrincas falencias, los que van en directo perjuicio de sus principales sostenedores: los trabajadores.

Hoy, parecen estar dadas las condiciones para variar la situación, en primer término, el propio sistema ha mostrado los signos de sus flaquezas: rentabilidad negativa con grave detrimento del patrimonio de los afiliados; dependencia del vaivén accionarlo con grave inestabilidad financiera; costos de administración exagerados; baja tasa de cotizantes, que implica una baja cobertura del sistema, las pensiones pagadas por las A. F. P., en general, son bajas; concentración económica con enorme poder económico y político y, finalmente, nula participación de los trabajadores en las decisiones que afectan la administración de sus fondos provisionales.

En segundo lugar, la espesa niebla transicional tiende a despejarse y ahora, ya es posible abordar temas que, hace muy poco eran tabúes, y entre ellos, la validez económica y social del Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, situación potenciada por la reciente elección presidencial, los acuerdos de la ANEF con el Gobierno que demostraron, palmariamente, en el ámbito de funcionarios públicos, la tremenda desigualdad en el monto de las pensiones entre quienes estaban en el Sistema de Reparto, administrado en la actualidad por el Instituto de Normalización Previsional, y quienes están en las A.F.P., generando a nivel de las bases de la ANEF y otras organizaciones del ámbito estatal y privado, una efervescencia y clamor de solución, básicamente centrado en la opción de desafinación del Sistema de A. F. P., de insospechadas repercusiones a nivel social y político.

En este contexto, la Agrupación de Empleados Fiscales, ANEF, ha acometido la difícil tarea de canalizar dichas inquietudes, con un sello de responsabilidad y transparencia. Responsabilidad en cuanto a planteamientos serios y reales, fundamentados en estudios jurídicos y análisis de las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas que permitieron, para nosotros, la injusta y arbitraria creación del Sistema de Administradoras, de Fondos de Pensiones. Transparencia en cuanto a no someter a engaño a nuestros asociados e interesados en el tema, a decir la verdad del enorme desafío que representa a la lucha que comenzamos, en especial, considerando los grandes intereses- económicos que se mueven tras las A.F.P., y una oportuna y veraz información del curso de las conversaciones con autoridades gubernamentales, parlamentarias y organizaciones no afiliadas a la ANEF.

Sabemos que tenemos la razón en nuestras peticiones y por ello resulta inclaudicable el compromiso de efectuar todas las gestiones que permitan el éxito final de ellas, logro no posible sin la unidad y fortaleza del movimiento gremial chileno, a las que desde ya convocamos.

II. Instauración del sistema
Circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales.

La dictación del Decreto Ley No 3.500 fué la culminación de un proceso iniciado ex-profeso por las autoridades militares y en cuya implementación incidieron las circunstancias históricas, económicas y sociales de la época.

Esta autoría material tiene también una autoría intelectual proveniente de los neo-liberales del momento, para quienes no pudo pasar desapercibido el gran caudal de dinero que significaban las cotizaciones provisionales y que representó, para su sensible olfato, un lucrativo negocio.

Cómo empezó

Hasta esa fecha, noviembre de 1980, en materia de Previsión Social imperaba en Chile el denominado Sistema de Reparto, el cual era administrado esencialmente por distintas Cajas de Previsión, en un número aproximado de veinte. Asimismo, participaban en el Sistema los llamados Organismos Auxiliares, que no eran sino instituciones ligadas a grandes empresas y habilitadas para realizar actividades provisionales y de seguridad social conexas a las Cajas de Previsión.

Desde finales de los setenta fué evidente que, producto del aislamiento internacional del régimen militar y las condiciones económicas mundiales, el país se vería enfrentado a una seria crisis, siendo necesario entonces "crear' nuevas fuentes de financiamiento para el sector empresarial, único privilegiado del régimen militar.

Y, ahí surgió José Piñera, Ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, con la "brillante" idea de crear un sistema de ahorro obligatorio sólo para los trabajadores, que no era otra cosa que el sistema de capitalización disfrazado bajo el pretexto de otorgar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Tenía, asimismo, un ingrediente satisfactorio para los empleadores y era el hecho de no aportar la parte patronal, como el principio solidario de la Previsión Social lo exige en el Sistema de Reparto.

Es conveniente recordar en este punto que el Sistema de Capitalización Individual fue instaurado en Estados Unidos y la crisis del año 30, generadora precisamente del Seguro Social, lo sepultó para siempre en ese país.

Cómo hacerlo

Para lograr sus propósitos, las autoridades contaban desde ya con un pueblo sojuzgado, pero había que guardar las apariencias, en especial, por los sensibles observadores internacionales.

La estrategia fué simple: primero, destruir el Sistema de Reparto, con críticas que si bien tenían cierto fundamento económico, no eran esenciales para no permitir su subsistencia; con el desprestigio de las Cajas de Previsión como instrumentos para generar buenas pensiones; con la extinción de beneficios habitacionales, médicos y de desempleo; en fin, con la creación de un virtual organismo liquidador, como lo fue en sus inicios el Instituto de Normalización Previsional. Hasta en esto fueron sutiles los "genios" del Sistema de Capitalización, procuraban dar la impresión que el Sistema imperante estaba desquiciado y que requería, al igual que en las políticas de tierra arrasada, con natural lógica de guerra, no dejar sobrevivientes. Felizmente, se equivocaron y hoy, el Sistema de Reparto, aún vigente por la fuerza de los hechos, ha permitido demostrar la iniquidad del llamado Nuevo Sistema.

Lo segundo, en la mecánica de disolución, fué una planificada política comunicacional, en que junto con publicitar el nuevo producto se desprestigio el Sistema de Reparto, tildándolo peyorativamente como el "antiguo sistema" menoscabando sus beneficios y resaltando las bajas pensiones y de todo lo cuál ha ' perdurado en el tiempo la figura del "quedado", aquel atolondrado imponente que no era capaz de ver las bondades del Nuevo Sistema. Y todo, teniendo como sustrato histórico-político y social, la fuerza opresiva omnipotente del régimen militar.

Así, no fué difícil que algunos creyeran en el garlito de un porcentaje mayor de sueldo y cuya restitución, incrementada varias veces, se verá reflejada ahora en sus pensiones; otros se afiliaron a las A.F.P., por una concepción del mal menor; y los más, fueron obligados, directa o indirectamente a afiliarse en el publicitario Nuevo Sístema. Al respecto, adelantamos desde ya que la fuerza, como vicio del consentimiento, anula todo acto de voluntad.

Las reacciones, como era de esperarse, fueron mínimas y sólo algunos, subterráneamente, trataron de hacer una contra propaganda al Sistema de Capitalización Individual, pero las circunstancias hicieron estériles sus esfuerzos.

El tiempo presente ha hecho renacer las esperanzas de reparar esta injusticia, tiempo que parece haber llegado para recuperar la dignidad de los servidores públicos.

III. Las expectativas no cumplidas

El Sistema de AFP pretendía, según sus procreadores, obtener tres logros:

a) Mejores Pensiones
b) Mayor Cobertura
c) Menor Evasión.

La realidad ha demostrado que ninguno de ellos se ha cumplido y, por el contrario, estudios serios de organizaciones y expertos nacionales e internacionales, sostienen que finalmente el Estado, es decir, todos nosotros, deberemos pagar las pensiones del Sistema que, por lo demás, en el mejor de los casos, serán de carácter mínimo. En lo que se refiere a mejores pensiones, resulta dramático comparar las pensiones otorgadas por ambos sistemas: a iguales condiciones de años de servicio, remuneraciones y edad habilitante para pensionarse, las pensiones del Sistema de Reparto (I.N.P.) son superiores en a lo menos 60 %, a las del Sistema de Capitalización Individual. La mayor cobertura es inexistente por cuanto el Sistema privilegia los sueldos altos y estos, obviamente, son los menos. También afecta a esta mayor cobertura los aportes discontinuos, resultado de las propias sacrosantas leyes de¡ mercado. Finalmente, la menor evasión tampoco ha sido posible por la natural tendencia de los empleadores a no pagar oportunamente las cotizaciones que han descontado a sus trabajadores, lo que ha generado un número tal de cobranzas provisionales que ya se está considerando quitar competencia a los Juzgados del Trabajo, por las dificultades que provocan en el conocimiento de las causas laborales. Por otra parte, siendo un Sistema que se basa en las fluctuantes condiciones del mercado accionarlo, cuyas circunstancias de inseguridad y pérdida ya hemos experimentado, el sostener que al cumplir los sesenta y cinco años de edad, tendremos una pensión justa y digna, es claramente aleatorio y se asemeja a los planteamientos de corte totalitario, en que se especula con beneficios futuros los que en definitiva nunca serán cumplidos. En sí, el sistema de capitalización es una burla cruel a la credibilidad de sus afiliados, quienes al jubilar constatarán la triste realidad de recibir una pensión que, en el mejor de los casos, será de carácter mínimo. Nosotros no queremos que llegue ese aciago momento, y por eso estamos en esta lucha reivindicativa de justicia y reparación.